El actual acuerdo sobre publicidad y promoción del aeropuerto con la aerolínea leonesa Lagunair vence el próximo 14 de julio, fecha hasta la cual se ha embolsado una cantidad de 8,2 millones de euros, de los que todavía 3,6 no han sido recibidos. Será a partir de tal fecha cuando se empiece a negociar el nuevo mediante un concurso abierto a cualquier aerolínea.

Aún así, la presidenta de la Diputación y del Consorcio se ha aventurado a afirmar que se apoyará especialmente a Lagunair, por ser una compañía leonesa, lo cual no ha sentado demasiado bien a ciertos medios de comunicación del norte de la Comunidad poco afines a la provincia que citan las normativas europeas sobre libre competencia como argumento en contra de las subvenciones encubiertas a aerolíneas.

Los contratos de publicidad o promoción del turismo son la alternativa a las subvenciones, como ya decimos, prohibidas por la UE. El debate sobre ellas es muy complejo, y probablemente debieran ser reguladas en caso de que tuvieran una base social, como es el caso del aeropuerto de León, e incluso en los supuestos de promoción de aeropuertos de los denominados emergentes, como lo son también Burgos o Logroño.

Sin duda, el funcionamiento en red de los aeropuertos españoles supone un beneficio palpable para todos los centros y permite un desarrollo de infraestructuras secundarias perfectamente asumible por la propia AENA tal y como lo viene haciendo. Quizá no sea un dato muy conocido, pero AENA es un ente público que recoge beneficios. Esto significa que sólo los usuarios de los aeropuertos contribuyen a que estos se mantengan o mejoren, reportando a su vez beneficios netos al Estado. El balance de cuentas hace que sea uno de los pocos entes rentables desde un punto de vista puramente económico. Sólo los usuarios asumen directa o indirecamente el coste del total de las infraestructuras.

No ocurre lo mismo en otros sectores como el ferroviario, hasta ahora muy subdesarrollado en España. En ellos, las infraestructuras las paga el Estado, es decir, todos. Todos significa que las paga tanto alguien que no viaje en tren como quien no viaje nunca. Es decir, por los entre 40 y 15 € que cuesta viajar a Madrid en Alvia, que nadie piense que está asumiendo el coste de la obra completa del AVE. Se abona el mantenimiento y coste de operación, si llega. Luego pagamos todos para que viajen algunos.

Desde luego las ayudas a aerolíneas no están justificadas en ciertos casos, como por ejemplo en aeropuertos suficientemente consolidados como Asturias, Valladolid, Santander... Estos son aeropuertos que han demostrado ya sobradamente lo que pueden ofrecer y ahora deberían enfrentarse a la dureza de la libre competencia. Quizá si estuviesen reguladas, estas subvenciones encubiertas deberían destinarse a nuevos enclaves, para auparlos hasta una posición que les permita demostrar su competitividad. A partir de entonces, sólo tendría sentido mantener un cierto apoyo a ciertas rutas a modo de mejora social en casos muy puntuales.

El debate esta abierto.